Vivienda horizontal en Guanajuato

La vivienda horizontal ha sido el modelo dominante de crecimiento urbano durante las últimas décadas en el estado. Municipios como León, Irapuato y Celaya muestran una expansión basada en fraccionamientos de casas unifamiliares. Desde una perspectiva jurídica y de desarrollo urbano, considero que este modelo ha privilegiado la certeza patrimonial individual, pero ha generado costos urbanos que hoy resultan evidentes.

Una de las principales ventajas de la vivienda horizontal es la claridad en el régimen de propiedad. El propietario cuenta con dominio pleno sobre su lote y construcción, lo que reduce significativamente conflictos legales frente a esquemas como el condominio. 

Este aspecto se sustenta en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce la propiedad privada, y se refuerza en la normativa local, como el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regula el uso de suelo y los desarrollos urbanos. En términos prácticos, esto facilita operaciones jurídicas como la transmisión de propiedad, la obtención de créditos y la seguridad patrimonial de las familias.

Sin embargo, esta ventaja individual ha tenido consecuencias colectivas relevantes. En ciudades como León, el crecimiento horizontal ha derivado en una expansión territorial que supera la capacidad de planeación y servicios. Fraccionamientos periféricos enfrentan problemas de transporte público, acceso al agua potable y equipamiento urbano. Esta situación, en mi opinión, responde a una lógica de desarrollo que ha priorizado la cantidad de vivienda sobre su integración urbana.

La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano promueve desarrollo compacto, sustentable y equitativo, pero en Guanajuato su aplicación ha sido desigual. Otro punto crítico es la baja densidad habitacional. La vivienda horizontal consume grandes extensiones de suelo, lo que incrementa los costos de infraestructura y dificulta la movilidad. En municipios industriales como Celaya, esto se traduce en largos tiempos de traslado y presión sobre las vialidades principales.

A pesar de estas críticas, no se puede ignorar que la vivienda horizontal responde a una preferencia social arraigada: mayor privacidad, control del espacio y percepción de seguridad. Desde mi perspectiva, el problema no radica en el modelo en sí, sino en su implementación sin una visión integral de ciudad.

En conclusión, Guanajuato enfrenta el reto de replantear su política urbana. La vivienda horizontal debe seguir existiendo, pero bajo criterios más estrictos de planeación, densificación equilibrada y cumplimiento normativo. De lo contrario, se seguirá ampliando la brecha entre el derecho individual de propiedad y el interés colectivo de construir ciudades funcionales y sostenibles.

Lee más contenido de nuestro colaborador Alberto Padilla