Percepción y realidad deben converger

Si la imagen es percepción, así como las personas, también existen conceptos a partir de los cuales construimos una idea a partir de experiencias y conocimientos. Estas representaciones, sin duda, forman parte de nuestra cultura e identidad, por lo que influyen en la manera en cómo interpretamos la realidad.

El concepto de ley en nuestro país es complejo, pues la forma en la que los mexicanos la percibimos está influida por distintos factores. Por un lado, se relaciona con el respecto a la Constitución y a las normas que regulan la convivencia y por otro, se ve afectado por la experiencia cotidiana de aplicación de justicia.

Cabe entonces preguntarnos si la imagen que tenemos de la ley corresponde realmente a una plataforma que nos protege como ciudadanos comunes y garantiza la convivencia social o, si, por el contrario, la percibimos como un mero instrumento burocrático que es utilizado para ejercer poder.

El reto consiste en lograr que las nuevas generaciones perciban las normas que nos rigen como un sistema confiable, justo y accesible, en el que puedan apoyarse para resolver discrepancias, proteger sus derechos y afrontar desavenencias de forma pacífica.

Por lo tanto, la meta es que nuestro país no solo nos ofrezca, sino que también nos permita proyectar al exterior una imagen de rectitud, honorabilidad y respeto a las leyes más fundamentales para lograr la confianza ciudadana.

A partir de la Constitución de 1917, el marco jurídico mexicano se ha caracterizado por su vanguardismo en derechos sociales y garantías individuales. Sin embargo, en el imaginario colectivo, la ley no se asocia necesariamente con la justicia, pues existe una disociación entre la ley escrita y la ley practicada.

El sistema legal debe percibirse como una estructura propia, pues cuando la imagen que nos viene a la mente no es la balanza y la espada de la justicia, sino la burocracia de un ministerio público, juzgados lentos y obstrucción a la justicia, la percepción siempre será decepcionante.

México requiere cambios normativos que modernicen el sistema, transparencia en los procesos y una actuación pronta y expedita, de esta forma la población podrá tener una imagen impecable de nuestro sistema legal y convertirse en un valor compartido por la sociedad.

Lee más contenido de nuestra colaboradora Meche Gómez