Mujer conocedora de sus talentos y fortalezas, se dedica con valentía y seriedad a la labor judicial para fomentar un sistema de justicia más accesible
Egresada de la licenciatura en Derecho, especialidad en Fiscal y maestría en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, cursó la maestría en Derechos Humanos en la Universidad de Guanajuato y cuenta con un doctorado en Derecho Penal. Poco a poco, se encontró inmersa en el ámbito de la abogacía y destacó en puestos cada vez más demandantes. En la actualidad, ocupa el cargo de Jueza Federal y es candidata a Jueza de Distrito por Guanajuato (Distrito 1), función que buscará obtener a través de las próximas elecciones del Poder Judicial a celebrarse el próximo 1 de junio.
Compártenos cómo fue que iniciaste tu trayectoria judicial.
Desde que ingresé a la universidad, tenía la inquietud de explorar los distintos campos del Derecho. Incluso, una de mis primeras experiencias profesionales fue dentro de un despacho jurídico especializado en Derecho Corporativo.
No obstante, sentí la necesidad de conocer más acerca del Trabajo Jurisdiccional, lo que me llevó a realizar mis prácticas en un juzgado local especializado en materia civil y, gracias a mi desempeño, fui recomendada para ingresar al Poder Judicial de la Federación en 2006.
Durante tu carrera, ¿en qué temas te has especializado?
En áreas como la identidad sexo-genérica, la reparación integral de violaciones a los derechos humanos, amparos contra actos de desaparición forzada de personas y la perspectiva de género aplicada a diversas materias.
¿Qué te motivó a postularte para un cargo público?
Mi interés radica en continuar aportando a mi país desde el servicio público con profesionalismo, ética y sensibilidad, actuando siempre con apego a la Constitución. Quiero contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho y a garantizar el acceso a la justicia para todas las personas.
¿Cuáles son las principales propuestas para mejorar el sistema judicial?
Están centradas en tres ejes fundamentales: el primero consiste en lograr una justicia accesible mediante la capacitación de servidores públicos empáticos y sensibles a los diversos contextos de la ciudadanía; el segundo se refiere a la agilización de procesos judiciales a través de la mejora de acciones internas, eliminando trámites innecesarios o redundantes, así como el análisis estratégico de datos estadísticos de productividad.
Por último, y no menos importante, se encuentra el tercer eje, en el que se pretende consolidar la justicia digital, aprovechando los recursos tecnológicos e implementando procedimientos efectivos que optimicen la gestión documental.
¿Podrías compartir algunos resultados destacados de tu gestión?
Por supuesto. Desde mi adscripción en 2021 hasta 2024, logramos reducir en un 34% el tiempo promedio de tramitación y resolución de juicios de amparo. Además, durante el año 2024, nuestro juzgado fue el que menos demandas de amparo desechó en todo el estado.
Asimismo, aumentamos en un 11% el número de asuntos que cada servidor resuelve semanalmente y hemos mantenido una de las tasas estatales más altas de egresos mensuales, por lo que disminuimos en casi un 60% el promedio anual de asuntos pendientes de dictar sentencia. Todo ello, se traduce en un servicio público con resoluciones oportunas, ágiles y eficientes.
¿Cuáles consideras que son los principales desafíos de este nuevo modelo de elección?
El reto principal es que esta elección no se convierta en una competencia de popularidad, ni en un reparto político. La impartición de justicia exige conocimiento técnico, preparación rigurosa e independencia de criterio. Por ello, mi preocupación y propuesta es que la ciudadanía ejerza su voto con responsabilidad y con información que les permita evaluar y elegir perfiles con base en trayectoria y resultados demostrables.