Army vs. Ticketmaster
En esta edición quiero hablar de un suceso impresionante, del que fui parte: lo viví de primera mano y aún sigo indignada; no logré conseguir boletos para que mis amistades fueran al concierto de BTS en México. Más allá de la emoción por el regreso de la banda, la venta de boletos generó una conversación profunda sobre consumo, derechos del consumidor y prácticas de la industria del entretenimiento.
La demanda fue histórica. El día de la venta, la fila virtual de Ticketmaster superó las 500 mil personas, una cifra ridículamente impresionante. Para miles de fans, conseguir boletos se convirtió en una prueba de paciencia, estrategia… y suerte.
Días antes de que iniciara la venta, el fandom (conocido como Army) decidió organizarse. A través de redes sociales, correos electrónicos y cartas, exigieron la intervención de la PROFECO, solicitando transparencia. Pedían que antes de la venta se publicaran los precios finales con cargos incluidos, el mapa del recinto desde el inicio y, sobre todo, que no se aplicara la famosa tarifa dinámica, un sistema que incrementa los precios según la demanda.
La presión funcionó… más o menos. La PROFECO aceptó las peticiones y obligó a Ticketmaster a responder públicamente. Sin embargo, al momento de la venta, las condiciones prometidas no se cumplieron del todo. La información siguió siendo confusa, los precios variaron y la experiencia de compra volvió a ser frustrante. El resultado: una multa para la boletera y una indignación colectiva que no hizo más que crecer.
A esto se sumó el magno enemigo de los conciertos masivos y de los fans: la reventa. Mientras miles de fans se quedaban sin boletos, comenzaron a aparecer entradas en plataformas de reventa a precios exageradamente altos. Así que una vez más, todo estaba valiendo basura por cortesía de los revendedores, quienes habían ganado la batalla gracias a sistemas automatizados y vacíos en la regulación.
Pero el Army decidió no quedarse de brazos cruzados. Algunos fans comenzaron a usar la información pública de los revendedores para inscribirlos a universidades, darlos de baja de ellas o registrar sus números telefónicos en líneas de spam y hotlines. Unas acciones polémicas, pero que reflejan el coraje acumulado y una venganza “pacífica”.
Cabe destacar que la presidenta del país intervino, pidiendo que BTS agregara más fechas en México, pero las reacciones no fueron las esperadas. Al contrario, el Army dio a conocer que no pedían en sí más conciertos, sino que exigían transparencia en la venta, alto a la reventa y un trato digno para el consumidor.
