¿Qué tan protegidos están los derechos de los ciudadanos?
El acceso a la justicia y la seguridad jurídica son fundamentales para garantizar los derechos humanos y consolidar el Estado de Derecho. Estos principios aseguran que todas las personas puedan ejercer y defender sus derechos bajo un marco institucional claro y confiable. Sin embargo, en Guanajuato, estos ideales aún enfrentan obstáculos significativos, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, establece el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial. El artículo 1 refuerza esta garantía al proteger los derechos humanos y prohibir toda forma de discriminación.
A nivel internacional, tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obligan al Estado Mexicano a asegurar un sistema de justicia accesible, eficaz y sin exclusiones. La seguridad jurídica, por su parte, implica certeza en la aplicación del derecho y confianza en que las autoridades actuarán conforme a la ley (Carbonell, 2011).
No obstante, diversos informes del INEGI (2023) y la CNDH (2022) revelan que en la práctica estas garantías no siempre se traducen en beneficios reales para la ciudadanía en Guanajuato. Grupos como las mujeres, las personas en situación de pobreza y las comunidades rurales enfrentan barreras persistentes: falta de acceso a defensoría pública, procesos judiciales lentos y escasa presencia institucional en zonas marginadas.
Esta situación ha generado desconfianza en el sistema judicial y ha debilitado la percepción de seguridad jurídica. Además, el contexto de violencia e impunidad que afecta al estado ha profundizado esta crisis.
A pesar de ello, el Poder Judicial ha promovido reformas relevantes, como la implementación de juicios orales y el fortalecimiento de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación. Estas medidas buscan agilizar los procesos y hacerlos más accesibles. Sin embargo, su impacto ha sido desigual, y muchas personas aún enfrentan dificultades por la falta de recursos o asesoría legal.
En conclusión, aunque se han dado pasos importantes, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica en Guanajuato todavía están lejos de ser una realidad plena. Es indispensable garantizar su presencia en todo el territorio, y asegurar que su funcionamiento sea accesible, eficiente y respetuoso de los derechos humanos. Solo así será posible construir un sistema judicial verdaderamente incluyente y equitativo para todas las personas.
Escrito por AMEXME Capítulo León